En principio, la “Licencia Social”, encuentra sustento en una serie de conflictos socioambientales dentro del país, que engloba a actividades mineras, extractivas y energéticas; a su vez, se constituye en un tema de debate público y político pues durante décadas ha generado diversos conflictos que han sido de interés y preocupación de la población, del sector privado y del Estado.
En el Perú, previo a la década de los noventa, la minería tuvo un drástico crecimiento, sin embargo, fue su falta de regulación ambiental y su ausencia de reformas estatales que muchas de las operaciones generaban un impacto negativo en el entorno, en tanto no existían parámetros ni estándares ambientales exigidos legalmente que procuraran la mitigación; como consecuencia de ello, se proliferaron los conflictos socioambientales en la población y se dejó un grave y penoso precedente de las actividades mineras en la percepción de la población. Es así que, en la década de los noventa, con la legislación ambiental se van estructurando nuevas formas de desarrollo de la actividad minera, respetuosos de estándares ambientales y del desarrollo sostenible.
Por otro lado, la “Licencia Social”, no es un procedimiento administrativo y no tiene una regulación jurídica específica, sino que, equivale a una aprobación continua y permanente por parte de una comunidad local y sus grupos de interés, respecto de un proyecto de inversión; nace, entonces, como un instrumento destinado a reducir o eliminar los conflictos socioambientales.
Generalmente, las causas del malestar social y de los conflictos socioambientales, están relacionados, en un primer momento, al temor que sienten las poblaciones aledañas respecto a la contaminación ambiental, fruto de la actividad de los proyectos mineros o de inversión, asimismo, los referidos al acceso a la tierra, o al uso del recurso hídrico y al manejo de expectativas. Junto a estos problemas es importante mencionar que, adicionalmente, también encontramos los temas del acceso a los beneficios (demandas laborales, la distribución del canon minero, entre otros).
Actualmente, la “licencia social” es importante porque no es basto que las empresas mineras cumplan con todos los requisitos, permisos y/o autorizaciones impuestas por ley, sino que además deberán tomar en cuenta la participación de aquellas comunidades o pueblos rurales donde el proyecto minero tendrá impacto directo e indirecto; para lograr ello, las empresas mineras deberán sostener un diálogo permanente y a su vez, permitir la activa participación de estas comunidades. Dependerá, en gran medida, de dichas comunidades, la viabilidad de los futuros proyectos, pues de no obtener la “Licencia social” es muy probable que se vea imposibilitado el desarrollo de los proyectos. Así de importante es la opinión pública en la “licencia social”, y su percepción respecto a los impactos que un proyecto minero podría generar. Por lo que, con la referida figura, se afianza el derecho a la participación, a la representatividad y a la libre opinión. Al mismo tiempo, se debe buscar el desarrollo sostenible, un buen gobierno corporativo y la atención a los stakeholders.
Cabe mencionar, además, que resalta tajantemente la importancia de la “Licencia Social” en la viabilidad de proyectos mineros, pues en esta ocasión, el consentimiento de las poblaciones juega un papel importantísimo en la toma de decisiones y su caso omiso, supondría una grave vulneración al derecho a la vida, en tanto, como consecuencia de la vulneración al medio ambiente se produzcan efectos nocivos a la salud, y al derecho de participación de los pobladores en aspectos que les afecta directa o indirectamente.
Es en ese sentido, debemos buscar instrumentos que nos permitan compatibilizar actividades, porque el gran problema del país, en relación con los recursos naturales, es que es un territorio rico en recursos; un territorio con mucho potencial para diversas actividades pero que no tiene mecanismos suficientes para compatibilizar.
Allí, donde se encuentre el respeto de las empresas mineras por las comunidades rurales, por sus costumbres y tradiciones culturales, por sus derechos fundamentales a una vida digna y a una buena salud, en donde se establezcan políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) “que determina que las empresas no agoten su esfuerzo en maximizar utilidades, sino que además se comprometan con el desarrollo de la sociedad”, en donde se fomenten estrategias para identificar soluciones, para aportar al desarrollo sostenible, podremos hablar de una integración entre las necesidades de una población y el desarrollo del sector minero, pues el Perú sin actividad minera no es viable, gran parte de nuestra economía depende de la minería. Por otro lado, la gestión social requiere un mayor desarrollo regulatorio con mecanismos independientes de monitoreo o evaluación permanente, la creación de políticas para fortalecer las capacidades de diálogo en mesas de discusión y propuestas. Asimismo, mejorar los estudios de impacto social y su fiscalización.
Finalmente, concluimos que la “licencia social” es un mecanismo importante dentro de la sociedad, en tanto garantiza el derecho de los pueblos a mantener y fortalecer sus culturas, pero sobre todo, garantiza el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan, con lo cual, lo pueblos pueden expresar sus puntos de vista sobre los distintos aspectos y conciliar las necesidades para su desarrollo.
Elaborado por: Daniela Dariana Delgado Llerena.
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