Como bien sabemos, en la sociedad no se puede vivir de manera pacífica debido a que siempre van a surgir conflictos entre las personas ya sea por motivos económicos, políticos, culturales, entre otros. Es por eso que todos tenemos el derecho a acudir ante un órgano jurisdiccional con la finalidad de solicitar tutela de nuestros derechos o intereses, pero muchas veces este derecho se ha visto vulnerado debido a que existen numerosas brechas que imposibilitan conseguir una solución ante un problema. Es por eso que este artículo tiene por objetivo analizar cuáles son los principales obstáculos que impiden que una persona pueda obtener justicia a través de un órgano jurisdiccional.
El acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución y que ha sido sujeto de numerosos cuestionamientos durante los últimos años debido a que viene siendo vulnerada por los mismos órganos jurisdiccionales, ya que por la excesiva carga procesal que manejan, se viene dilatando los procesos y la obtención de una sentencia. Esto trae como consecuencia perjuicios económicos para quien acude a solicitar tutela de sus derechos, porque tiene que realizar gastos por servicios jurídicos, pagar tasas judiciales o debe solicitar permiso en su trabajo para poder acudir a audiencias.
Además, hay muchas zonas donde las personas se ven privadas de este derecho por razones sociales o culturales, incluso hay lugares alejados de las ciudades donde sus pobladores, debido a la ausencia de órganos que pongan solución a sus controversias, se han visto en la necesidad de usar la justicia por mano propia, donde si bien se han visto buenos resultados, solo demuestra la falta de organización y eficiencia que tienen los órganos de justicia.
A lo mencionado hay que agregarle la brecha digital por la que estamos pasando actualmente, dicha brecha demuestra la distancia entre las personas que tienen acceso a las TIC con las que no, además que las personas que tienen conocimiento respecto de las TIC pueden obtener sus beneficios, es por eso que, se considera a la brecha digital como una nueva desigualdad. El mero hecho de que por la emergencia sanitaria se haya digitalizado la gran mayoría de procedimientos y, que personas mayores de edad o personas que viven en lugares alejados quieren realizar algún procedimiento en un establecimiento del Estado y que les indiquen que para que los atiendan tienen que obtener una cita previa, pero ellos no entienden el funcionamiento de una computadora o una página web, o simplemente no tienen acceso de un aparato electrónico o del internet, demuestra el difícil acceso a la justicia en la actualidad.
Entonces, la excesiva carga procesal que tienen los órganos jurisdiccionales trae como consecuencia afectación económica, desgaste físico y afectación a la integridad de las personas y, la digitalización considerada como nueva brecha nos ha demostrado una afectación más hacia las personas que no cuentan con los recursos o conocimientos necesarios para el fácil acceso a sus necesidades que el Estado debe satisfacer.
Elaborado por: Vargas Lupo Piero Andy y Rodrigo Quispe Paola Sthefy.
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