El tema a analizar en el presente artículo es la problemática existente relacionada a los abusos en contra de las poblaciones vulnerables por parte de los agentes policiales en nuestro país, los cuales extralimitan su poder y tratan de imponer sus propias formas de castigo de manera degradante, cruel e inhumana, violando las normas tanto nacionales como internacionales que protegen los derechos humanos de todas las personas, especialmente los derechos de las comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes y la comunidad LGBTI.
Desde el PUNTO DE VISTA POSITIVISTA, la Corte IDH ha establecido en numerosas oportunidades que es obligación de los Estados salvaguardar y garantizar la vigencia efectiva de los derechos de todas las personas sin distinción alguna, siendo los derechos más importantes a salvaguardar en este caso es el derecho al debido proceso, el acceso a la justicia, la vida, la integridad y la dignidad, todos ellos protegidos por la CIDH. Asimismo, la Corte IDH ha sido clara al establecer que la legalidad, la absoluta necesidad y la proporcionalidad son los principios que rigen el empleo de la fuerza, los cuales guardan relación con la existencia del Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el cual establece que los agentes policiales y militares son quienes deben velar por la protección de los derechos humanos consagrados en los diferentes instrumentos internacionales, oponerse a su violación, proteger a las personas contra actos de tortura, no cometer abusos de autoridad, y cumplir los deberes que establece la Ley.
De igual manera la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, regula que son los Estados quienes deben proporcionar los remedios de resarcimiento e indemnización a favor de las víctimas; y las Normas de Turku señalan que toda persona debe ser tratada humanamente, debiéndose hacer todo lo posible por proteger los derechos de las minorías y pueblos, incluida su dignidad e identidad. En tal sentido, es imprescindible que nuestro gobierno, en orden a cumplir y respetar las obligaciones internacionales, aplique tales normativas, tanto en el marco de la legislación nacional como en la práctica.
Desde el PUNTO DE VISTA ÉTICO, la falta de valores en los agentes policiales es un problema social que se ha venido presentando desde hace muchos años. La falta de conciencia moral, el desconocimiento sobre los principios éticos y morales que rigen su actuación, y la deficiente formación en valores en las escuelas policiales, son las principales causas que llevan a estos individuos a quebrantar los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables, ya que cuando no hay educación, ni principios, ni valores en la mente de las personas, se da paso a la ignorancia, al cultivo para los antivalores y las prácticas corruptas. La función ética de los policías debe sustentarse en el respeto y protección de la dignidad y los derechos humanos, así como el respeto a las garantías legales y constitucionales. Igualmente, la misión de los agentes policiales en la sociedad, más allá del control social formal, debe ser velar por servir a la comunidad, proteger a las personas contra actos ilegales, brindar justicia y paz social, usar la fuerza sólo cuando sea necesario, y sobre todo, no infligir, instigar o tolerar actos de tortura, tratos inhumanos o degradantes, o penas crueles, por ningún motivo o circunstancia; deben actuar en base a valores como justicia, respeto, igualdad, no discriminación, honradez, imparcialidad, transparencia, empatía etc.
Del mismo modo, los policías nunca deben usar sus cargos como justificación para cometer abusos contra personas en estado de indefensión; si bien es cierto que los agentes policiales, en ejercicio de sus funciones, pueden limitar el ejercicio de ciertos derechos y libertades, esto no puede, bajo ningún supuesto, justificar violaciones a los derechos humanos. Todos los servidores públicos, independientemente del rango y de las funciones que desempeñen, a través de programas de formación y capacitación, deben conocer y entender los derechos humanos, de esta manera, estarán en posibilidades de llevar a cabo sus funciones con ética y con respeto a los derechos vitales, y ello conllevará a consolidar espacios libres de violencia y discriminación, así como también a la erradicación de abusos, ya que a través de una nueva cultura ética, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, será la base de la sociedad.
Autora: Valeria Nicole Ramos Barreda
Comentários