El Perú, es caracterizado a lo largo de la historia como un país minero, por ese motivo, erradicarla resultaría inviable; esta actividad se considera como una actividad fundamental en la actualidad porque sigue atrayendo inversiones extranjeras. La minería representa el 13% de la inversión privada local y más del 60% de los ingresos de exportación del país y un 9% de su PIB[1], llevando la actividad económica a las áreas más pobres y aisladas del país. Sin embargo, existe el otro lado de la moneda, está actividad extractiva genera un daño permanente en el ecosistema de distintas regiones provocando conflictos socioambientales que dieron cabida al nacimiento del término licencia social. En el gobierno de Fujimori; por un lado, se restringió y desprotegió el ejercicio de los derechos fundamentales; a) los movimientos sociales se debilitaron y fueron reprimidos, b) se promovieron una serie de cambios económicos y legales que implicaron el debilitamiento institucional del Estado, c) hubo ahondamiento de la crisis de representatividad política, así como d) la promoción activa de la presencia del sector privado en el aprovechamiento de los recursos naturales como eje del modelo de desarrollo, en contextos culturales y sociales tradicionalmente excluidos de la participación política y económica. [2]
Estos cambios en nuestra política han generado que los sectores donde existe minería se vean desprotegidos pues, el sector privado ingresó a su territorio de forma invasiva, debilitando su participación y originando conflictos de interés. Es entonces que nacen los conflictos socioambientales en el Perú, tales como Conga, Tía María, entre otros; donde las poblaciones afectadas luchan con el objetivo de detener la actividad minera y erradicar esta actividad de su territorio; pero ¿qué paso con estos megaproyectos?, ¿qué ocurrió con su licencia social que no pudo perdurar a largo plazo?
Por lo citado, la consulta previa viene siendo un instrumento de necesaria aplicación en nuestro país al contar con una diversidad de pueblos y culturas que merecen protección de sus derechos. Este reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas que en la antigüedad fueron vulnerados, involucran al Estado como garante de los derechos de absolutamente todos sus habitantes. Por ello la figura de la licencia social es determinante al ser uno de los ejes principales de todo este proceso solucionador de conflictos ya que exige una correcta comunicación con las comunidades sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que tienen las operaciones de las empresas que buscan hacer actividades extractivas. Lamentablemente por complejidad técnica que involucra la realización del estudio, resulta ser un arma de doble filo ya que, al ser en su mayoría de veces complicada de hacer, entorpece una correcta transmisión de los resultados a las poblaciones locales, con respecto de la seguridad, sostenibilidad e impacto que tendrá a largo plazo.
Podemos concluir señalando que, la realización y la dependencia de la consulta previa y sus estándares de consentimiento otorgarían a la licencia social una efectividad plena, protegiendo y salvaguardando los derechos de las comunidades campesinas y poblaciones indígenas, puesto que la priorización del mismo proporciona las garantías de un libre y adecuado desarrollo, impidiendo concesiones abusivas que modifiquen lascivamente su estilo de vida, además aseguraría la protección de sus derechos. En el mismo sentido es importante determinar que a raíz de la determinación de la licencia social como mecanismo de protección mediante el uso del derecho de la consulta previa, concurren factores tales como el contexto socioeconómico, el compromiso con la comunidad o población, la presencia efectiva del Estado como garante para propiciar el respeto de los derechos fundamentales y desarrollo (a través de entidades como la Defensoría del pueblo) y finalmente la comunicación efectiva entre las partes, será el factor más importante que determinará el éxito con la protección efectiva de los derechos de las minorías, así como permitir un desarrollo a través de los proyectos de inversiones.
[1] OSINERGMIN. (Diciembre de 2019). osinergmin.gob.pe. (R. d. Mineria, Productor, & Gerencia de Politicas y Anlisis economicos - GPAE) Obtenido de https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/RAES/RAES-Mineria-diciembre-2019-GPAE-OS.pdf
[2] GARCIA, C. B. (2014). "Evolución y tendencias de los conflictos sociales y ambientales en el Perú: una lectura general". Lima, Perú: ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos.
Autores:
Cuba Panca, Melany
Yañez Cayo, Chaska
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